LOS MUNICIPIOS PUEDEN DEMANDAR A LA NACION EN ACCION DE REPARACION DIRECTA

El Consejo de Estado determinó que es procedente condenar a una entidad pública por responsabilidad extracontractual, en favor de otra entidad pública, cuando se presenta un daño antijurídico por falla en la prestación del servicio.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero, el pasado 15 de febrero de 2012 profirió sentencia condenatoria dentro del expediente 1996-02231 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa, en acción de reparación directa a favor del municipio de Ituango, Antioquia, como consecuencia de la toma guerrillera protagonizada por las FARC el día 6 de marzo de 1995, la cual produjo, entre otros daños, la destrucción de la sede de la Alcaldía Municipal.

En el presente caso, el daño antijurídico -que es aquel que se presenta cuando la víctima no tiene el deber jurídico de soportarlo, es apreciable material y jurídicamente y supone una lesión a un derecho, bien o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico- se presentó porque el municipio de Ituango acreditó que el grupo armado ilegal FARC efectuó una incursión bélica en esa localidad, la cual dejó como consecuencia varias edificaciones de la entidad territorial destruidas; que el cruento ataque fue repelido única y exclusivamente por el grupo de policías que se encontraban dispuestos en la estación de policía; y que el municipio de Ituango, en varias ocasiones, había sido objeto de tomas guerrilleras de lo cual estaban advertidas las autoridades nacionales de policía y ejército, sin que hubieran tomado las medidas necesarias para evitar un nuevo ataque, el cual era por todos esperado.

La responsabilidad extracontractual del Estado, en el caso analizado, se da porque, si bien el alcalde es la primera autoridad de policía en su entidad territorial, el Presidente de la República y los gobernadores son superiores jerárquicos en la obligación de mantener y salvaguardar el orden público; y una toma guerrillera, por la magnitud que ello supone, desborda las competencias del alcalde, por lo que corresponde atenderla directamente a las autoridades nacionales, las cuales están obligadas a cumplir su posición de garantes respeto de la seguridad e integridad de los habitantes y bienes del municipio. Obligación que no cumplieron, toda vez que “… no evitar el daño (omisión) es equivalente a haberlo irrogado (acción), puesto que se tenía el deber jurídico de la seguridad.”, según afirma la sentencia citada.

Esta histórica sentencia reconoce la posibilidad de que unas entidades públicas, los municipios, puedan demandar a otras entidades públicas, especialmente de carácter departamental o nacional, cuando éstas incumplan sus deberes constitucionales o legales causando un daño que los entes territoriales no están obligados a soportar. Como cuando se niegan a girar los dineros que por mandato superior están obligados a girar oportunamente; cuando incumplen compromisos convencionales, o cuando no prestan el apoyo debido en cumplimiento de los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad que orientan la acción administrativa. Tal es el caso de los daños que pueda causar el nuevo invierno por no haber recibido oportunamente las ayudas para la construcción de las obras que la Nación estaba obligada a financiar y a realizar.