LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO PUEDE EJERCER CONTROL FISCAL PERMANENTE SOBRE LOS MUNICIPIOS – CONSEJO DE ESTADO

Mediante sentencia proferida el pasado 23 de enero de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, reiteró que la Contraloría General de la República no puede ejercer control fiscal permanente sobre las entidades territoriales. 

El anterior pronunciamiento fue dado con ocasión de la sentencia que declaró la nulidad del numeral 1º del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público, cuyo texto rezaba: “Control Fiscal. La Contraloría General de la República, de conformidad con la normatividad constitucional y legal vigente, ejercerá control fiscal permanente sobre los municipios o distritos, en cuanto a la relación contractual con los prestadores del servicio y con los interventores.” 

Para el Consejo de Estado, “… es claro que al prever la norma acusada un control fiscal permanente por parte de la Contraloría General de la República sobre los municipios o distritos, en lo que respecta a la relación contractual de estos con los prestadores del servicio de alumbrado público y sus interventorías, le está endilgando a dicha Entidad una función que, en estricto sentido, no responde a su ámbito de competencia. En efecto, tal como advierte el actor, la Contraloría General ha de ejercer un control fiscal excepcional única y exclusivamente en los eventos previstos por el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, sobre las entidades territoriales.” 

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de la República sólo podrá ejercer control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y municipales, en los siguientes casos: a) a solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales; y b) a solicitud de la ciudadanía a través de los mecanismos de participación que establece la ley. 

La anterior determinación reitera el criterio expuesto por el Consejo de Estado en anteriores oportunidades, entre ellas, la sentencia de 6 de agosto de 1993, Exp. No. 2551, M.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza y la sentencia del de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2003-00053-01, M.P. Dra. Maria Claudia Rojas Lasso.

Ver texto de la sentencia analizada.