IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: LOS MUNICIPIOS SÍ TIENEN LA FACULTAD DE ESTABLECERLO

Si bien en hace unos años el Consejo de Estado había sostenido la tesis de que los municipios no podían establecer el impuesto de alumbrado público, la Sección Cuarta de esta Corporación ha expedido este año dos nuevos fallos en los que ratifica la línea jurisprudencial impuesta últimamente según la cual “La facultad conferida al Concejo de Bogotá por la Ley 97 de 1913, fue extendida por la Ley 84 de 1915 a las demás entidades territoriales del nivel municipal. El literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 fue objeto de revisión constitucional mediante la sentencia C-504 de 2002, declarándose exequible la referida norma al considerar que corresponde a los concejos municipales determinar los elementos de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Por su parte esta Sala, igualmente, ha realizado planteamientos sobre la potestad impositiva de los entes territoriales y la facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público. Con fundamento en la doctrina judicial expuesta, se concluye que: El artículo 338 de la Constitución Política le otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto.”, tal como lo afirmó en relación con el acuerdo 18 de 2006 expedido por el Concejo Municipal de Dagua, Valle.

La tesis contraria, es decir que los municipios carecen de la facultad para fijar los elementos del impuesto por ser exclusiva del legislador, ha sido sostenida por los diferentes demandantes de los muchos acuerdos municipales que han establecido en citado impuesto, especialmente por parte de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, quienes han pretendido oponerse a estos impuestos dado que han sido unos de los contribuyentes que resultan grabados con tarifas más altas.

Pues bien, el Consejo de Estado ha reconocido que se concretan “… los principios de equidad y progresividad tributaria en las tarifas del impuesto de alumbrado público, al señalar, de acuerdo con la capacidad económica de los sujetos pasivos, la tarifa del impuesto de alumbrado público, pues para los sectores de mayores ingresos dispuso tarifas más altas de las que previó para el sector urbano y rural. Encuentra así la Sala que hubo una distribución equitativa del impuesto, con la cual sufren menos los sectores más bajos y se eleva progresivamente a los niveles medios y altos.”, encontrando correctas las determinaciones tomadas sobre este particular por medio del acuerdo 043 de 2001 del Concejo Municipal de El Colegio, Cundinamarca.

Teniendo en cuenta los altos costos que representa para las finanzas municipales la repotenciación del sistema, la operación, el mantenimiento, administración, modernización, el consumo de energía del servicio de alumbrado público en las vías de uso público, los parques y demás espacios de libre circulación vehicular o peatonal, así como los gastos asociados a la prestación de este servicio, el establecimiento del impuesto de alumbrado público resulta ser la mejor herramienta de financiación de este servicio y la garantía de su prestación eficiente y de su expansión a la totalidad del territorio municipal, siempre teniendo en cuenta que aquellos contribuyentes pertenecientes a los sectores económicos más pudientes deberán ser gravados con las tarifas más altas de manera que acudan en apoyo de los contribuyentes más pobres, estableciendo para éstos tarifas más bajas en cumplimiento de los principios de equidad y solidaridad.

TEXTO DEL FALLO DEL 19 DE ENERO DE 2012, DEMANDADO MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE.

TEXTO DEL FALLO DEL 1º DE MARZO DE 2012, DEMANDADO MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA