LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL ES OBLIGATORIA EN PROCESOS EJECUTIVOS CONTRA MUNICIPIOS – LEY 1551 DE 2012

De conformidad con concepto emitido por la directora de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, se encuentra plenamente vigente el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, según el cual “La conciliación prejudicial será requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios. La conciliación se tramitará siguiendo el procedimiento y los requisitos establecidos para la de los asuntos contencioso administrativos.”

Esta aclaración se torna importante teniendo en cuenta que el artículo 613 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) establece, en relación con la conciliación extraprocesal, que “No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten…”

Según el concepto comentado, la Contraloría “… considera que las dos normas están vigentes, tanto el artículo 47 de la 1551 de 2012 y 613 de la Ley 1564 de 2012 ya que el Código General del Proceso es un referente para los procesos contencioso Administrativos, como lo ha sido el Código de Procedimiento Civil, pero de ninguna manera puede predicarse que las normas generales del proceso modifican o derogan una norma que tiene identidad propia y por ende regula una materia que le es inherente, como son los procesos ejecutivos a que se ven avocados (sic) los municipios del país.”

La anterior conclusión contradice lo expuesto por la Procuraduría General de la Nación en el Memorando Conjunto 001 de 2012, según el cual existe un aparente conflicto entre las dos normas analizadas teniendo en cuenta que el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 es una norma de carácter procesal por lo que habría sido derogada por el Código General del Proceso.

Sin embargo, para la Contraloría esta interpretación no es procedente teniendo en cuenta que la Ley 1551 de 2012 es una norma de carácter sustancial y la inclusión en ella de una norma procedimental no es razón para argumentar su derogatoria por la norma general del proceso.

A la fecha no conocemos nosotros si estas dos entidades se han puesto de acuerdo sobre este punto trascendental para la defensa jurídica de los municipios, si bien acogemos en su integridad lo expuesto por la Contraloría sobre este particular.

En consecuencia, siempre que alguien quiera instaurar un proceso ejecutivo en contra de un municipio deberá agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción; de no hacerlo así, la demanda deberá ser inadmitida por el juez correspondiente o, en su defecto, corresponde al apoderado del municipio alegar esta falencia en la contestación de la demanda.

¿Qué opinan ustedes?

Texto del Concepto de la Contraloría General de la República.