EL PRÓXIMO 6 DE MARZO ENTRA EN VIGENCIA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, la misma rige a los seis (6) meses de la fecha de su promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional; en tanto que para los entes territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación.

Teniendo en cuenta que la citada Ley fue promulgada el 6 de marzo de 2014, la misma entrará en vigencia para las entidades territoriales (departamentos y municipios) el próximo mes.

Este hecho supone la aplicación inmediata para todos los municipios del país de los principios y procedimientos allí reglamentados en relación con el derecho fundamental de acceso a la información pública que reposa en manos de todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital; en los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; así como también en poder de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

También supone que, a partir del 6 de marzo de 2015 empezará a correr el término de seis meses, que vencerán el 6 de agosto de 2015, para la adopción de los esquemas de publicación de que trata el artículo 12 de la Ley que comentamos; así como para adoptar el Programa de Gestión Documental establecido en el artículo 15 ejusdem.

El esquema deberá ser difundido a través del sitio Web de cada entidad obligada, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras.

Dicho esquema deberá establecer:

a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria;

b) La manera en la cual publicará dicha información;

c) Otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público;

d) Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación;

e) La periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la función pública.

Todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su esquema de publicación.

Por su parte, en el Programa de Gestión Documental se establecerán los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes expidan en la materia.

Para la producción de los anteriores documentos y para el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, se deberá tener en cuenta lo reglamentado mediante el Decreto 103 del pasado 20 de enero de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

Igualmente, para la implementación de las obligaciones establecidas en estas normas, deberá tenerse en cuenta el contenido de la sentencia C-274 de 2013 por medio de la cual la Corte Constitucional realizó la Revisión constitucional de los proyectos de ley respectivos, por medio de la cual fueron declarados inexequibles algunos artículos y condicionalmente exequibles otros.

Es importante recordar a los concejos municipales, personeros y contralores que las anteriores obligaciones deberán ser cumplidas por éstos de forma independiente a las medidas tomadas por las respectivas alcaldías, como quiera que tales obligaciones recaen en los sujetos que forman parte tanto de la administración central, de las entidades descentralizados, de los entes de control y de los organismos independientes o autónomos existentes en cada municipio.

Ley 1712 de 2014 (junto con la sentencia C-274 de 2013)

Decreto 103 de 2015