EL GOBIERNO REGLAMENTÓ LA EXPRESIÓN “PESO RELATIVO” PARA EFECTOS DE LA CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL

Teniendo en cuenta que el artículo séptimo de la Ley 1551 de 2012 establece los criterios para que cada municipio decrete cada año la correspondiente categoría en la cual se encuentra para la vigencia siguiente de conformidad con su población, sus ingresos corrientes de libre destinación, su importancia económica y su situación geográfica y que se hacía necesario definir qué se entiende por la expresión “peso relativo” contenida en el parágrafo segundo del citado artículo, el pasado 31 de julio el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1638 de 2013.

Es esta norma se dispone que “… la expresión "peso relativo" corresponde a la distribución del valor agregado del departamento entre cada uno de sus distritos y municipios ubicados en su jurisdicción, a partir de una estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos.”

El decreto reseñado difiere al DANE la responsabilidad expedir, mediante acto administrativo, la metodología de cálculo del indicador de importancia económica generando anualmente una resolución con los grados de importancia económica municipal.

Se advierte, finalmente, a los alcaldes que para determinar la respectiva categorización deberán dar estricta aplicación a lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 1551 de 2012; esto es que, sin importar su población, los municipios se clasificarán en la categoría inmediatamente inferior o superior de acuerdo a sus ingresos.

Vale la pena recordar a los alcaldes que el próximo 31 de octubre vence el plazo p ara la expedición del correspondiente decreto de categorización, por lo que, si aún no las han recibido, deberán oficiar a la Contraloría General de la República y al DANE para obtener las certificaciones correspondientes.

Decreto 1638 de 2013

HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2013 TIENEN PLAZO LOS MUNICIPIOS PARA ENVIAR INFORMACIÓN AL SUI

Según lo consagra el inciso 2° del artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, fechado el pasado 31 de julio, "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 en cuanto al proceso de certificación de los distritos y municipios y se dictan otras disposiciones", con el fin de obtener la certificación para la vigencia 2012, los municipios y distritos deberán reportar al SUI los soportes y la información correspondiente a más tardar el 30 de agosto de 2013.

El citado Decreto 1639, derogó en su integridad el Decreto 1629 de 2012, estableciendo los nuevos criterios para el proceso de certificación relacionada con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Es necesario recordar que los municipios que no sean certificados perderán las  competencias para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones del sector y asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Decreto 1639 de 2013

PROPONEN FUERO PENAL ESPECIAL PARA ALCALDES DISTRITALES Y MUNICIPALES

Según el Proyecto de Ley 245 de 2013, presentado por los Representantes a la Cámara  Hugo Velásquez Jaramillo, Rafael Romero Piñeros y Pedro Pablo Pérez Puerta, se propone que los procesos penales en contra de los alcaldes sean conocidos en primera instancia por las salas penales de los tribunales superiores de distrito de la respectiva jurisdicción.

De conformidad con la exposición de motivos del proyecto, “Temas como las leyes atinentes a la sostenibilidad fiscal, los gastos de inversión y de funcionamiento según los niveles de categoría municipal (Ley 617 de 2000); las competencias en diferentes áreas (Ley 715 de 2001), Ley de Regalías (Ley 1530 de 2012), las normas de contratación y muchas otras que requieren especial conocimiento y profunda profesionalización, colocan hoy a los mandatarios locales en especiales circunstancias de riesgos por gestiones equivocadas, la mayoría de ellas de buena fe. Estas conductas en la actualidad vienen siendo de conocimiento de fiscales locales y de jueces de menor jerarquía, y que precisamente por su nivel elemental dentro las escalas judiciales del país, están a cargo de profesionales de mínima experiencia, que los hace poco conocedores del tema por carecer de la formación en temas relativos a la administración pública.”

En consecuencia, el citado proyecto “… busca crear un fuero legal especial para los alcaldes de distritos y municipios a fin de que las eventuales conductas penales sean investigadas y juzgadas por funcionarios judiciales de mayor jerarquía como son los fiscales delegados ante los tribunales, que por trayectoria y experiencia adquieren mayores conocimientos en leyes complejas como las que hoy rigen la administración pública, que es de competencia extremadamente reglada; igualmente el conocimiento de las conductas al entregarse en primera instancia a los tribunales superiores coloca a los Alcaldes en manos de jueces colegiados en donde el análisis no solo estará informado de mayores conocimientos, sino que también dará lugar a debates procesales más profundos y justos que los de un juez unipersonal.”

Con esto se busca, de una parte que, en ejercicio del derecho de igualdad, se equipare a los alcaldes con los gobernadores, quienes sí gozan de fuero penal especial y, de otro lado, garantizar la seguridad jurídica para los burgomaestres y sus municipios, toda vez que “… cerca del 97% de los mandatarios locales sometidos a procesos penales terminan siendo absueltos porque su conducta nunca fue antijurídica, pero en contraste el municipio termina afectado en su estabilidad política.”

PROYECTO DE LEY 245 DE 2013 CÁMARA