PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – CONCEJOS SI PUEDEN REGULARLA

La Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver una demanda de nulidad contra algunos artículos del Código de Policía de Bogotá, consideró que los concejos municipales sí tienen competencia para regular la publicidad exterior visual en sus respectivos municipios en atención a su función de defensa y protección del patrimonio ecológico consagrada en el artículo 313 numeral 9º de la Constitución.

Si bien la Ley 140 de 1994 reglamenta este tipo de publicidad, dicha norma “… constituye solamente la legislación básica mínima sobre la materia, es evidente que corresponde su regulación y desarrollo a las autoridades de los entes territoriales, en aplicación de los principios legales del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, en especial el de rigor subsidiario. Esta disposición se encuentra en el Título IX relativo a las funciones de las entidades territoriales y de la planificación ambiental.”

Igualmente, para el Consejo de Estado el retiro o desmonte de la publicidad exterior visual cuando se incumplen las normas ambientales, es una medida de carácter administrativo y con el propósito de defender el patrimonio ecológico y no punitiva, toda vez que “… lo que allí se contempla es una medida administrativa tendiente a hacer efectiva la función constitucional que reside en el Concejo Distrital de defender el patrimonio ecológico de la ciudad; de forma tal que ante la existencia de una publicidad exterior visual que contraríe las normas que la regulan, y como consecuencia genere contaminación visual, sea posible restablecer el paisaje, como parte del medio ambiente, retirando el artefacto a él perjudicial.”

Véase un extracto de la sentencia en las páginas 6 y 7 del Boletín No. 104 del Consejo de Estado.

COMISARÍAS DE FAMILIA – FISCALÍA LES OTORGA FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL

Mediante la Resolución No. 0 0918 del 15 de junio de 2012, la Fiscalía General de la Nación ha otorgado por un término de cinco (5) años funciones de policía judicial a los comisarios de familia, psicólogos, trabajadores sociales y médicos que integran las Comisarías de Familia en todo el territorio nacional dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Con esta medida se reviven este tipo de funciones que habían sido otorgadas por la Fiscalía a los mismos funcionarios bajo la vigencia del derogado Código del Menor, pero ahora ajustándolas al Código de Infancia y Adolescencia.

Las siguientes son las diligencias que podrán ser adelantadas por los funcionarios citados: “1. Recibir denuncias, querellas o informes. 2. Realizar entrevistas. 3. Realiza inspecciones en el lugar de los hechos y en lugares distintos al hecho y recaudar todas las evidencias y elementos materiales probatorios cuyo hallazgo se efectúe como consecuencia de tales inspecciones. 4. Recaudar los documentos y demás evidencias y elementos materiales probatorios que requiera el Fiscal Director de la indagación o investigación, de acuerdo con el programa metodológico y órdenes que emita para tal fin.”

Igualmente, el parágrafo del artículo 2º de la citada Resolución establece cuáles actuaciones de policía judicial no podrán realizar estos funcionarios.

Finalmente, se reglamenta la manera de rendir informes al Fiscal del caso, la práctica de los exámenes médicos, la cadena de custodia, los testimonios y el apoyo técnico para el cumplimiento de estas funciones, entre otros temas.

La Resolución No. 0 0918 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación puede consultarse en la página 48 del Diario Oficial de Colombia No. 48.468 del 21 de junio de 2012.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – EL CONCEJO NO PUEDE MODIFICAR LA PERIODICIDAD PARA SU PAGO.

En sentencia proferida el pasado 1º de marzo de 2012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha establecido claramente que los concejos municipales no tienen competencia para modificar la periodicidad con que el contribuyente debe liquidar o pagar el impuesto de industria y comercio por ser ésta una facultad exclusiva del legislador.

A la anterior conclusión llega el Consejo de Estado teniendo en cuenta que el impuesto de industria y comercio está reglamentado por los artículos 32 y siguientes de la Ley 14 de 1983, los cuales establecen que la base gravable corresponde al promedio mensual de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior obtenidos en desarrollo de las actividades gravadas.

Manifiesta la Sala que:

“… independientemente de que cada vez que se realicen actividades gravadas se cause el impuesto, este solo puede liquidarse hasta el final de periodo gravable, una vez conocidos en forma cierta los ingresos percibidos objeto de gravamen.”

“En consecuencia, modificar la periodicidad con que  el contribuyente debe liquidar o pagar el impuesto afecta la estructura del tributo, que al ser un aspecto definido por el legislador únicamente a este le corresponde modificarlo, sin que el concejo municipal sea competente so pena de violar el artículo 338 constitucional”

Texto de la Sentencia el cual tomamos prestado del portal www.contribuyente.org

POR NO CITAR CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL, PROCURADURÍA INVESTIGA DISCIPLINARIAMENTE A VARIOS EX ALCALDES

Según informa en su página web, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública disciplinaria a los ex alcaldes de Polonuevo, Usiacurí, Baranoa y Ponedera (Atlantico) porque al parecer durante el año 2011 no citaron en sus municipios la totalidad de las sesiones del Consejo de Política Social.

La presunta falta disciplinaria se desprende del incumplimiento de lo establecido en el artículo 207 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, que obliga a que en cada municipio o departamento deberán sesionar por lo menos cuatro veces al año los Consejos de Política Social convocados por el alcalde o gobernador, quien no podrá delegar su participación ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala conducta. Además se deberá rendir informes periódicos al concejo o asamblea.

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